La minería legal en Colombia es uno de los motores fundamentales del crecimiento de la economía y del progreso del país. Por esta razón, tanto el Estado como las grandes empresas mineras están comprometidos en convertir a la minería legal en una herramienta integral de desarrollo alineada con políticas ambientales rigurosas y garantías de responsabilidad social para las comunidades.
En Colombia, la minería legal beneficia a las comunidades que habitan los territorios donde se desarrolla esta actividad.
Para las empresas mineras que buscan aportar al desarrollo económico del país, es clave contar con garantías de seguridad jurídica, rentabilidad y estabilidad operativa. Las normas establecen un marco legal claro para obtener y proteger los títulos mineros, promueven la coordinación entre autoridades y reducen el riesgo de interrupciones legales o sociales. Este entorno permite desarrollar proyectos con garantías y regulaciones enfocadas en beneficiar tanto a las comunidades como a las empresas.
Además, la minería legal abre las puertas a mercados formales y al cumplimiento de estándares internacionales, incluyendo iniciativas de responsabilidad ambiental. Genera beneficios fiscales tanto para el país como para las regiones a través de las regalías e impuestos. Asimismo, al otorgar permisos por períodos definidos y brindar autonomía operativa, se promueve la estabilidad y continuidad de los proyectos.
Comunidades: un crecimiento colateral
Con la minería legal las comunidades también se benefician. La planeación de proyectos mineros legales, incluye un componente social que beneficia a todas las comunidades aledañas a los territorios mineros. Algunos de estos beneficios son el acceso a los servicios básicos e infraestructura, programas sociales, y empleos directos e indirectos
La minería legal aporta recursos al Sistema General de Regalías que aporta recursos para financiar proyectos de alcantarillado, agua potable, energía rural, entre otros. Además, los proyectos mineros deben tener un componente de desarrollo social, en el que se aseguran inversiones para salud, educación e infraestructura, esto ha permitido que comunidades históricamente olvidadas accedan a servicios esenciales y mejoren su
calidad de vida.
Cada concesión minera debe contener un Plan de Gestión Social en el que se incluye;
participación comunitaria, jornadas de capacitación y empleo con mano de obra local y contratación directa de proveedores de bienes y servicios locales y regionales.
Las comunidades son un factor clave para la realización de un buen ejercicio minero, pues el gobierno y todas las autoridades competentes garantizan que las concesiones mineras tengan como prioridad el territorio para que los beneficios de la explotación para las comunidades en materia de infraestructura, empleo y economía.
