La nueva política minera y sus críticas

La Nueva Política Minera de Colombia: oportunidades y preocupaciones

Colombia, como muchas otras naciones, se enfrenta al desafío de reformar su política minera para alinearla con los objetivos de sostenibilidad y con los derechos humanos, en un mundo que demanda más recursos minerales para la transición energética, pero con una explotación sostenible. Sin embargo, esta tarea no está exenta de controversias y críticas. La nueva política minera y sus críticas plantean desafíos adicionales en el camino hacia una minería más responsable y respetuosa con el medio ambiente y las comunidades locales.

La nueva política minera que busca impulsar el actual gobierno colombiano se basa en varios enfoques orientadores, que incluyen la protección de los derechos humanos, la consideración de género y la gestión integral del cambio climático. Estos enfoques reflejan un intento de abordar los desafíos sociales y ambientales asociados con la actividad minera, y promover un modelo más responsable y sostenible.
Sin embargo, la reciente introducción del Decreto 044 de 2024 y la propuesta de reforma al Código Minero han suscitado preocupaciones y debates en torno a su impacto en la inversión y el desarrollo del sector minero en el país.
Debate en el horizonte: El impacto del Decreto 044 y la reforma al Código Minero en Colombia

Un Decreto centralista y que ahuyenta la inversión

El Decreto 044 ha generado incertidumbre entre los inversores debido a su amplio alcance y a la falta de claridad en los criterios para la delimitación de áreas de reserva temporal. Esta incertidumbre podría resultar en la suspensión de actividades mineras en diversas regiones del país, lo que afectaría no solo a las empresas mineras, sino también a las comunidades locales que dependen de esta actividad para su sustento.
Además, la falta de participación de las autoridades regionales y las comunidades en la toma de decisiones sobre las áreas de reserva temporal plantea preocupaciones sobre la legitimidad y la equidad del proceso. La crítica se centra en que las decisiones se irán a realizar en una fría oficina en Bogotá, sin tener en cuenta los criterios técnicos de las corporaciones regionales, ni la opinión de las comunidades que han vivido de hacer minería por generaciones en sus territorios.
Adicionalmente, la temporalidad de estas medidas también genera inquietudes sobre su verdadera naturaleza y su impacto a largo plazo en el sector minero colombiano. Se menciona que la temporalidad es de 5 años, prorrogables por otros 5, es decir que fácilmente son 10 años que pueden existir las áreas de reserva temporal, un tiempo que en definitiva acaba con cualquier pretensión de inversión y de seguir atento a la creación de una mina.
En últimas, acabaría con cualquier incentivo para que los inversionistas quieran hacer sus proyectos mineros en varias regiones de Colombia.

Un Código de Minas que aparta al sector privado

La propuesta de reforma al Código Minero también ha generado controversia, especialmente en lo que respecta a la centralización de las decisiones en el gobierno nacional y la limitación del papel del sector privado en la actividad minera.

También se ha visto una fuerte tendencia a la persecución del desarrollo de la minería de carbón térmico, principal mineral de exportación colombiano y que genera actualmente cientos de miles de trabajos directos e indirectos.

Además, se evidencia la priorización de empresas estatales o mixtas, en detrimento del sector privado, en la explotación de minerales estratégicos. Esto plantea interrogantes sobre la viabilidad económica y la competitividad del sector minero colombiano en un contexto global.

Si bien es necesario promover prácticas mineras más sostenibles, es fundamental encontrar un equilibrio que permita atraer inversión y promover el desarrollo económico en el país, cosa que, según expertos y analistas, no hace la futura reforma al Código Minero.

Restringir demasiado la actividad minera privada podría traer consecuencias negativas para la economía colombiana y para la transición energética global, especialmente en un momento en que la demanda de minerales está en aumento debido a la creciente demanda de tecnologías verdes.

La nueva política minera debe ser cuidadosamente diseñada para abordar los desafíos sociales y ambientales asociados con la actividad minera, sin poner en peligro la inversión y el desarrollo económico del país.

La participación activa de todas las partes interesadas, incluidas las comunidades locales y las autoridades regionales, será fundamental para garantizar que la política sea efectiva, equitativa y sostenible a largo plazo.

Artículo: La nueva política minera y sus críticas – 2024

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