El impacto económico de la minería legal en Colombia y su papel en el comercio internacional
En medio del debate sobre el futuro energético del país, es importante no perder de vista una realidad económica concreta: el carbón sigue siendo uno de los principales productos de exportación de Colombia. Su impacto va más allá de las cifras. Impulsa regiones, genera empleo formal, moviliza infraestructura y, sobre todo, representa una fuente clave de ingresos para el Estado.
En este artículo exploramos cómo las exportaciones legales de carbón, incluso en contextos complejos como el actual, siguen siendo fundamentales para el desarrollo nacional y para mantener la confianza internacional en la industria colombiana.
Economía que depende del carbón
Contrario a las declaraciones sobre una supuesta caída estructural de la demanda global
de carbón, datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestran que en 2024 el
consumo mundial alcanzó un récord de 8.770 millones de toneladas, y se espera que se
mantenga cerca de ese nivel hasta 2027. Sin embargo, en Colombia, la situación es
distinta.
Factores como la caída en los precios internacionales, el aumento de los costos logísticos y un entorno fiscal más exigente han disminuido la competitividad del carbón colombiano. Según Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, las altas cargas tributarias (sobretasa
de renta del 10 %, impuestos a las ventas y retención en la fuente) han generado una
reducción del 44 % en las exportaciones en lo que va de 2025, lo que representa una pérdida directa de ingresos para el país【El Tiempo, 2025】.
Cada millón de toneladas que Colombia deja de exportar implica que el Estado deja de
recibir alrededor de 200.000 millones de pesos en impuestos y regalías, según estimaciones de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Esto afecta de manera directa a regiones como La Guajira y el Cesar, donde el carbón representa el 57 % y el 44
% de la economía local, respectivamente.
Legalidad y cumplimiento: el caso Israel
Una de las controversias más recientes en torno al sector ha sido la suspensión de exportaciones de carbón colombiano a Israel. Aunque el Decreto 1047 de 2024 estableció restricciones, estas incluyeron excepciones que permitieron ciertas exportaciones autorizadas por el propio Gobierno. A pesar de ello, el presidente Gustavo Petro acusó públicamente a las empresas del sector de desobedecer la norma, lo que generó un clima de desconfianza.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) respondió rechazando las acusaciones, calificándolas de irresponsables y sin fundamento. Afirmó que el carbón exportado se ha utilizado para la generación de energía en hospitales, hogares e infraestructura
crítica, no en actividades militares【ACM, 2025】.
Este episodio ilustra la necesidad de claridad jurídica y respeto institucional. Las empresas mineras han cumplido con los requisitos legales y han operado bajo las normas
colombianas e internacionales de comercio. Estigmatizar injustamente al sector no solo afecta su reputación, sino que pone en riesgo a miles de familias que dependen directa o indirectamente de la minería legal.
Transparencia y compromiso con el país
El sector minero ha reiterado su compromiso con la legalidad, la transparencia y los
derechos humanos. Las empresas que operan legalmente en Colombia están sujetas a auditorías, controles de trazabilidad y estándares ambientales. Exportar carbón no es una
acción improvisada, sino el resultado de un entramado legal, técnico y comercial que cumple con tratados internacionales ratificados por Colombia.
Además, estos ingresos no se quedan en los balances de las empresas: se convierten en regalías para los territorios, inversión social, programas educativos y vías rurales.
Limitar esta actividad sin un plan de transición claro afecta a los más vulnerables y debilita la confianza del mercado en el país.
Un debate que necesita más información
En tiempos donde se exige una transformación del modelo energético, es fundamental que el debate sobre el carbón se haga con datos y no con prejuicios. Colombia necesita avanzar hacia una economía más limpia, sí, pero también más justa y más informada.
Las exportaciones de carbón legalmente certificadas, con todos los controles fiscales y de comercio exterior, siguen siendo un motor de desarrollo y estabilidad. Prohibiciones arbitrarias, sobrecargas fiscales desproporcionadas y discursos estigmatizantes solo debilitan un sector que, bien regulado, puede seguir aportando al país mientras se avanza en la transición energética.
