La lucha contra la minería ilegal exige diferenciar entre la minería artesanal, que debe contar con oportunidades para formalizarse e integrarse a cadenas de valor legales, y la minería criminal, que debe ser perseguida y erradicada por sus impactos ambientales y sociales y sus posibles vínculos con estructuras criminales.
Por eso, la solución no está únicamente en intervenir los puntos de extracción, sino en actuar sobre toda la cadena: desde el origen del mineral hasta su comercialización, sin excluir a quienes buscan desarrollar su actividad de manera legal.
Un problema que va más allá de la extracción
La minería criminal puede afectar los ecosistemas, las comunidades y las economías locales, además de financiar estructuras delictivas. Para combatirla, es fundamental conocer el origen de los minerales y seguir su recorrido hasta los mercados.
Herramientas como el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) y los sistemas de trazabilidad ayudan a verificar la comercialización y detectar irregularidades. En mayo de 2026, la Agencia Nacional de Minería (ANM) puso en operación una Plataforma de Trazabilidad de Minerales orientada al seguimiento de las transacciones desde la extracción hasta la comercialización final.
El Estado controla, el sector privado también puede contribuir
El Estado tiene la responsabilidad de fiscalizar la actividad minera, hacer cumplir la ley y perseguir las redes que financian, transportan y comercializan minerales provenientes de actividades criminales. Combatir únicamente la maquinaria o cerrar una explotación no resuelve el problema si las estructuras que la sostienen siguen operando.
Al mismo tiempo, la minería artesanal necesita rutas viables de formalización. Las grandes compañías mineras pueden contribuir destinando recursos, asistencia técnica y mecanismos de colaboración que faciliten la incorporación de pequeños productores formalizados a cadenas de valor legales y responsables.
Recuperar los territorios y cerrar el ciclo
La respuesta también debe incluir la recuperación ambiental de las áreas afectadas y la generación de oportunidades económicas legales para las comunidades, con el fin de reducir el riesgo de que la minería criminal vuelva a instalarse.
Combatir la minería criminal no significa combatir la minería en su conjunto. Significa fortalecer el control estatal, desarticular las redes ilícitas y facilitar la formalización de quienes buscan operar legalmente. La combinación de trazabilidad, fiscalización, recuperación ambiental y cadenas de valor responsables es clave para avanzar hacia una actividad minera más transparente y sostenible.
