La pregunta parece simple, pero abre un tema que toca tu bolsillo, el empleo y las obras de tu ciudad. El esquema que propone el Gobierno, a través del proyecto de ley de la nueva ley minera, que incluye la creación de Ecomineral, es un modelo donde el Estado concentra casi todas las decisiones y operaciones de la minería. En vez de muchas empresas compitiendo e invirtiendo, habría un actor principal: el gobierno. En la práctica, esto crea un monopolio estatal y hace que las reglas dependan de una sola vía. Si esa vía se congestiona o cambia de criterio, todo se frena: licencias, inversiones, contratos y con ellos miles de empleos.
Los riesgos de concentrarlo todo
Cuando el Estado es operador y juez a la vez, crece la discrecionalidad: la posibilidad de decidir sin criterios predecibles. Eso espanta la inversión, porque nadie arriesga millones
si mañana pueden cambiar las reglas de juego. A esto se suman más áreas de exclusión definidas de forma amplia que vuelven inútiles títulos ya otorgados: en el papel sigue teniendo derecho, pero en la realidad no se puede trabajar. El resultado es una parálisis
silenciosa: proyectos detenidos, proveedores sin contratos y familias sin ingresos.
Apagar de golpe la cadena del carbón térmico, sin un plan realista de transición, no abarata la vida, la encarece. Hoy buena parte de la energía que mueve fábricas, transporte y obras públicas depende de esa cadena. Si se corta sin opciones viables disponibles, suben los costos logísticos y de producción, y esos costos terminan en el precio final que se paga en el supermercado, en el arriendo o en los servicios.
La minería formal aporta empleo directo e indirecto y transfiere recursos al Estado por medio de impuestos y regalías. Si se frena por estatización y reglas inciertas, baja la inversión y con ella los ingresos públicos. Son menos recursos para vías, hospitales, colegios y programas sociales. Cuando el Estado recauda menos, alguien paga la diferencia. Al final, la cuenta llega a los hogares, ya sea con menos obras o con impuestos.
Reglas claras y transición con gente adentro
Estatizar y centralizar suena a “más control”, pero en la práctica termina significando menos inversión, menos empleo, menos regalías y más costos para la vida en la ciudad.
Hoy las empresas privadas del sector minero y energético pagan regalías que alimentan los presupuestos locales y regionales. Si toda la operación pasará a manos del Estado y por tanto a empresas públicas que no pagan regalías— esa fuente de recursos desaparecería.
La transición que Colombia necesita no es un apagón regulatorio: es un camino serio, paso a paso, que cuide el bolsillo de los hogares y el futuro de las regiones. Porque si el Estado se queda con todo sin plan, el hueco fiscal lo terminamos pagando todos.
1 comentario en “Cuando el gobierno se queda con todo, ¿quién paga la cuenta?”
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